Los cambios introducidos en la clasificación de las enfermedades mentales con la publicación del DSM-5 han suscitado una fuerte polémica, sobre todo entre psiquiatras y psicólogos. El pasado 19 de julio, en el marco del 12º Congreso Europeo de Evaluación Psicológica celebrado en San Sebastián, tuvo lugar una mesa redonda sobre este tema. La propia presidenta del congreso, Itziar Alonso-Arbiol, expresó que el principal problema de esta nueva clasificación es que, al tener que cumplirse un menor número de criterios para el diagnóstico positivo, “más personas recibirán una categoría diagnóstica”, lo que desembocaría en una “excesiva medicalización de la sociedad”.
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Los expertos advierten de que el tratamiento de las enfermedades mentales en los medios de comunicación debe realizarse con especial cuidado y sensibilidad. En el caso de sucesos violentos, existe una tendencia a tratar de justificar el hecho argumentando que la persona que lo comete padece problemas psiquiátricos. No obstante, la realidad es mucho más compleja, y este tipo de simplificaciones, generalizaciones o afirmaciones erróneas socavan la imagen social de la enfermedad mental y refuerzan el estigma hacia las personas con este tipo de patologías, lo cual afecta negativamente a su recuperación.
Un informe elaborado por el Colegio de Psiquiatras del Reino Unido advierte de la necesidad de que las enfermedades mentales reciban la misma atención que las físicas. Dicho documento refleja las diferencias existentes dentro del sistema sanitario público en el tratamiento de los trastornos mentales y las enfermedades físicas. Los expertos observan que la prioridad concedida y el acceso a la financiación de ambas ramas de la salud son claramente desiguales.
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